El pasado 16 de abril hubo un hecho de especial importancia en la lucha contra la impunidad que ha existido en Colombia ante los crímenes del terrorismo de Estado y de la guerra sucia contra los partidos de oposición y contra el movimiento popular. Se instaló en Bogotá el proceso para la identificación de las víctimas de la Unión Patriótica reconocidas en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado colombiano por el exterminio de este movimiento político.
Reconocer el carácter histórico de acto no es óbice para señalar que se produce un año y cuatro meses después de promulgada la sentencia, lo que ha llevado a la Corporación Reiniciar, impulsora de esta reivindicación, a realizar diversas denuncias y quejas, y hasta interponer una acción de tutela a la Unidad Nacional de Reparación a las víctimas. Aunque el presidente Gustavo Petro ha expresado claramente la disposición a cumplir lo ordenado por la CIDH, la implementación es demasiado lenta y algunas instituciones involucradas, como el ministerio de salud, para poner solo un ejemplo, no se han dado por enteradas.
Diversos medios de comunicación han resaltado el inicio de este proceso, pero se han quedado solamente en la información relacionada con la indemnización económica, cosa que también parece estar en la mente de algunos funcionarios del actual gobierno, cuando la sentencia de la Corte va mucho más allá, habla de una reparación integral, y la gravedad del daño causado debería llevar al gobierno del cambio a traspasar los límites de la sentencia. Entendiendo que en un escenario de asesinatos, desplazamientos forzosos y exilios, donde la mayoría de las familias victimizadas lo perdieron todo, empleos, viviendas, enseres, fincas, familias, formas de sustento y mucho más, la reparación económica, aunque tardía, e insuficiente, es un pequeño alivio a las tragedias vividas.
En otros países con hechos similares y donde no ha habido sentencias judiciales que obliguen a la reparación, como en Chile, el Estado estableció acceso gratuito a la educación y a la asistencia sanitaria para víctimas directas y familiares; y a pensiones vitalicias para quienes por los hechos victimizantes perdieron la posibilidad de cumplir los requisitos para ella. Estas reparaciones solo se centraron en lo individual, eludiendo lo colectivo y la directa responsabilidad estatal en los crímenes. La sentencia de la Corte por el exterminio de la UP es más fuerte, mucho más política y explícitamente condenatoria del Estado, un logro conseguido tras 30 años de un proceso alegatorio que, sin olvidar a las víctimas en forma individualizada, se centró en el colectivo y en la clara responsabilidad estatal.
En el acto del día 16 se reclamó por la tardanza y por la necesidad de la integralidad, y se valoró que hubiera reconocimiento de las víctimas, no solo por el mecanismo de comprobar una identidad para reclamar una indemnización, sino por ser reconocidos como víctimas, como militantes y activistas perseguidos y criminalizados por sus ideas políticas y por su activismo social.
Es de destacar el alto nivel político de las víctimas agrupadas en las coordinadoras regionales, que, desde la tragedia personal o familiar, tienen no solo la visión de grupo, sino que también la perspectiva de las transformaciones sociales y la construcción de un nuevo país, por lo que lucharon y se sacrificaron tantas mujeres y hombres que son semilla de los cambios que hoy se adelantan en Colombia.
Jaime Cedano Roldán, ex dirigente nacional de la Unión Patriótica
Bogotá, abril 21 de 2024
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